El delito de discriminación en el acceso al empleo público de la que fui víctima ocurrió en los despachos de empleo público de atención al estudiante en Granada.
En las oposiciones que eran objeto de información y difusión de técnico de administración General del Ayuntamiento de Granada en los despachos de la Universidad, una técnico de administración general del Ayuntamiento omitió información porque tenía intereses particulares en ocupar plazas ofertadas. Ella era la encargada de dar la información acerca de convocatorias y procesos selectivos, y adulteró esta información para así poder beneficiarse ella.
De esta manera causó un delito de discriminación en el acceso al empleo público, porque esa convocatoria, que estaba a tres días de cerrarse, hizo que tuviera yo que esperar cuatro años a la siguiente convocatoria, porque esta ya estaba precluída.
Los salarios de 4 años y la dignidad profesional, las oportunidades de empleo que estaban recogidas en el reglamento financiero de la Unión Europea, porque era una actividad de difusión de los Fondos Feder, quedaron en la basura.
Lo hizo alterando el contenido de las convocatorias y cambiándolas por convocatorias de auxiliar administrativo y administrativo de la diputación de del Ayuntamiento de Granada, cuyos plazos de inscripción no estaban abiertos. Tratándonos como si fuéramos subnormales. Discriminó a los licenciados de ciencias políticas y de la administración en una convocatoria especialmente diseñada para ellos.
. Cuando la denuncié, todavía me victimizó mi padre de forma secundario y me recriminó, poniéndose violento y discriminándome aún más. Él era un mandamás en la Universidad, y no creyó que yo pudiera formular una denuncia por discriminación, actuando de manera violenta.
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