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Foto del escritorMª Nieves Sánchez Muñoz

RETO 1 Y RETO 0 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. (POR ERROR ESTÁN LOS DOS)

Actualizado: 14 nov 2022


RETO 1: PLAN DE LOCALIZACIÓN DE ODS EN MI ADMINISTRACIÓN: Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Paris sobre cambio climático y Nueva Agenda Urbana.


El Catastro, como infraestructura de información sobre el territorio, es instrumento indispensable para los grandes retos que nos demanda la sociedad: desarrollo sostenible, despoblamiento de la España Vaciada, lucha contra el cambio climático.

La Dirección General del Catastro es consciente de que la información catastral puede dar respuesta a las demandas que exige la sociedad en este momento y por esto se propone dar un nuevo impulso al Catastro rústico, creando la Unidad del Catastro para el Territorio Rural.

El Catastro está al servicio de los ciudadanos, empresas, administraciones y fedatarios públicos, que demandan cada día más información del Territorio Rural. Esta información catastral debe cumplir, tal y como dispone la Ley del Catastro Inmobiliario, con los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, así como ayudar a la seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario.


La cohesión territorial y con ella la sostenibilidad ambiental y la habitabilidad humana debe ser entendida como una prioridad y como una oportunidad dentro de un nuevo modelo de país alineado con las Agendas Internacionales de desarrollo sostenible— Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de Paris sobre cambio climático y Nueva Agenda Urbana.

Para abordar este desafío, el Gobierno impulsó el Comisionado para el Reto Demográfico, con el objetivo de cumplir los compromisos de la VI Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, en la que se adoptó el Acuerdo de elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico; pero, más allá, para definir una hoja de ruta que abordara la cohesión territorial, la lucha contra la desigualdad en perspectiva espacial, como un reto de país. El 29 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros adoptó las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Creo que sí puede mejorar la alineación interna de la Administración catastral porque este desequilibrio, que representa un grave problema para el conjunto del Estado es, además de injusto, por la desigualdad que genera entre territorios y entre personas, insostenible desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Por ello, la acción pública debe ser capaz de dar respuestas a las dificultades de las áreas rurales, y de las zonas en declive demográfico, para garantizar algo tan esencial como la igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio.

Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por valor de 750 000 millones de euros en precios constantes del año 2018.

Teniendo presente las últimas reformas legislativas (arts. 32 y 33 de la LCSP, modificados por la Ley 11/2020, de Presupuestos Gene­rales del Estado para 2021; el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019; el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transfor­mación y Resiliencia; el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero (que se refiere a contratación en sectores excluidos).

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PRIORITARIAS

MISIÓN: Liderazgo, y coordinación de la información necesaria para las actuaciones encaminadas a potenciar el desarrollo del territorio rural


1. Garantizar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario rural, fortaleciendo la singularidad de la coordinación con el Registro de la Propiedad en ese entorno.


2. Facilitar la aportación de la información catastral al desarrollo de actividades orientadas hacia el crecimiento


3. Lucha contra el fraude fiscal en el ámbito rural.


4. Ajustar la valoración inmobiliaria a la singularidad del mercado en los territorios rurales.


5. Contribuir a la mejora de la actividad subvencional o del otorgamiento de ayudas

6. Delimitar adecuadamente las áreas medioambientales protegidas, y los espacios de dominio público.




VALORES

CALIDAD

En nuestros datos, en los procesos catastrales y en el esfuerzo permanente en la mejora continua de nuestra gestión.

RESPETO

Defender los derechos de las personas más vulnerables, y el apoyo a desarrollo y calidad de vida de las mismas.

JUSTICIA TRIBUTARIA

Promover una gestión eficaz y completa, de los recursos disponibles de la Administración que permita una igualdad dentro del gravamen de cada tributo.

COLABORACIÓN

Promover la actuación coordinada con las diferentes Administraciones, reduciendo, favoreciendo la completitud y anticipación de la actividad catastral, y reduciendo las cargas al ciudadano.

SOSTENIBILIDAD

Búsqueda de un equilibrio soportable, viable y equitativo de los niveles ambientales, económicos y sociales que satisfaga las necesidades de las futuras generaciones.

PARTICIPACIÓN

Hacer partícipe al Catastro, como elemento clave en el proceso de sostenibilidad, viabilidad y desarrollo del medio rural.

TRANSPARENCIA

Basada en la calidad y la ética, como base de la gestión catastral.

SOLIDARIDAD

la información sobre el Territorio Rural juega un papel decisivo para la protección de los espacios naturales, y la planificación y ordenación del territorio.



Análisis DAFO

D: debilidades

01. Es necesario abordar el desarrollo del Catastro en el ámbito rural con una perspectiva integral: normativa, organización, recursos humanos, tecnología, etc.

02. Se requieren alianzas externas con otras administraciones.

03. Insuficiente conocimiento del Catastro por la Sociedad.

04. Aspecto fiscal no ajustado a las circunstancias agrarias, socioeconómicas y medioambientales actuales.


A: amenazas

05. Existencia de otras bases de datos no coincidentes con la catastral.


F: fortalezas

06. Implantación territorial que facilita el acceso a los datos catastrales en entornos rurales.

07. La titularidad catastral contribuye a generar la necesaria seguridad jurídica sobre la que construir la planificación estratégica territorial

08. La identificación inequívoca en la cartografía catastral aporta seguridad jurídica para la protección del dominio público.


O: oportunidades

09. La información catastral ha de ser la base para el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad medioambiental.

10. La determinación, a nivel de subparcela de la aptitud productiva de la tierra, mejora el aprovechamiento de los recursos naturales y facilita la inversión.

11. La base de datos catastral permite medir, desde el punto de vista ecológico, el impacto de las actuaciones sobre el territorio (servicios Ambientales, huella ecológica, etc.).

12. Demanda de información por parte de otras administraciones

13. Ajuste de la fiscalidad en términos medioambientales y de sostenibilidad de la tierra y del sector agrario.


RETO 0 ODS 20-30


Soy Maria Nieves Sánchez Muñoz y trabajo como funcionaria del grupo A2 en el Ministerio de Hacienda, en la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.


Mi perfil profesional es realmente de un cuerpo general, no soy especialista en Gestión Catastral. Por eso me encargo de realizar cambios de titularidad a partir de la información que envían los registradores en un programa informático que se denomina SINTRA, desde las escrituras de propiedad aportadas por los notarios, a la base de datos catastral, con el fin de que los administrados paguen sus impuestos de IBI


Realmente estoy muy interesada en todo lo que tiene que ver con la gestión tributaria, he realizado muchos cursos sobre recaudación, revisión, impuesto sobre la renta, criptomonedas, impuestos de todo tipo, nueva gestión fiscal, etcétera.


Yo realmente mi conexión con los objetivos de la Agenda 2030 es como beneficiaria de programas de ayudas contra la violencia de género. He sido víctima de violencia de género, y después, teniendo como causa los daños sobrevenidos en mi puesto de trabajo, también he sido víctima de discriminación en el puesto de trabajo y delitos contra la salud de los trabajadores. Por esto todos los programas preconizados por la Estrategia del Consejo de Europa contra la Violencia de Género 2018-2023, que se han aplicado en las políticas de lucha contra la violencia de género a partir de los programas de la Agenda 2030, son fundamentales para mí, en el sentido de poder disfrutar de la financiación en procedimientos judiciales penales contra mi agresor.




Laboralmente puedo decir que mi conexión, por tanto, es de beneficiaria, ya que todas las consecuencias directas e indirectas de la violencia de género acaecida como consecuencia de los daños físicos que han sobrevenido como causa de la actividad laboral, (en la Junta de Andalucía), pueden ser reparadas integralmente gracias a estos programas.




Realmente mi expectativa en este curso es la de profundizar más en la aplicación de todos estos programas, que se incluyen en la agencia 2030, para poder beneficiarme de ellos, para poder entender la mecánica, los procedimientos por los que se utilizan estos instrumentos. Realmente yo no voy a aplicarlos para otros beneficiarios en mi puesto de trabajo. La política fiscal ya tiene en su núcleo la interpretación política y la implementación de las políticas del Gobierno para apoyar a los más débiles, preconizada en la Agenda 2030, y de la que yo soy partícipe cada día con mi participación en la Administración Financiera, que es la que lleva a cabo todos los objetivos de esta política.


Yo realmente lo que quiero aprender es cómo evitar el fraude en la aplicación de los fondos de la lucha contra la Violencia de Género, en la Agenda 2030, y en la financiación de los fondos de resilencia. También cómo evitar que las entidades financieras, en la política financiera y en la aplicación de estas políticas (procedimiento sancionador del Banco de España), puedan violar las directrices de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia y la Comisión Europea en la lucha contra el fraude fiscal por parte de las entidades bancarias de crédito.

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